De esta forma lo expresa en un informe,
elaborado por la Confederación Empresarial, en el que solicita que “se
acabe con el trato de favor y las ventajas anticompetitivas de las que
goza el Grupo Correos, por parte de todas las administraciones, que
distorsionan el mercado”.
Informe de la CEOE sobre la situación en el sector postalse puede descargar en este enlace (en formato pdf, de 6 páginas, 262 Kb).Recientemente, el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, pidió a las autoridades españolas los datos sobre las ayudas públicas a Correos, por si pudieran beneficiar al ente público y, por tanto, vulnerar la normativa de la Unión Europea sobre la liberalización del sector postal.
Esta iniciativa de Bruselas respondió a una interpelación parlamentaria del eurodiputado de CiU, Ramon Tremosa, en la que se hacía eco de un informe del Consejo del Transporte y la Logística de la CEOE en el que se denuncia que la aportación del Estado a Correos se ha disparado en 2014 hasta 518 millones de euros, un 60% más que el año anterior, y que las ayudas públicas de utilizan para competir con otras empresas del sector.
En este informe también se denuncia que “no se hayan exigido las condiciones de eficiencia y austeridad a fin de que el coste por la prestación del servicio postal universal suponga la menor carga posible al Estado”.
En este sentido, según la CEOE, Correos ha pasado de unos costes de personal que representaban el 67,95% de su cifra de negocio en 2005 a un 80,85% en 2010, a pesar de que en 2012 se registrasen unas pérdidas por valor de 2,6 millones de euros, que supone una caída del beneficio del 101% desde 2005.
Además, en el estudio se denuncian otras “ventajas anticompetitivas y trato de favor” parte de la Administración Pública, como son la exención de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), del cobro del IVA a determinados clientes con tarifas especiales, su abuso de posición de dominio para acceder a la red postal, o el diseño de los concursos de la Administración que, en “en gran parte de los casos” se solicita una serie de requisitos “que casi únicamente puede cumplir Correos”.
Por ello, desde la CEOE se considera que sólo se ha producido “una liberalización “de iure” y no de facto”, puesto que la cuota correspondiente al operador principal es de ± 94%, idéntica a la de los últimos cinco años.
Su único competidor sigue siendo Unipost, a pesar de que “existen numerosas autorizaciones administrativas a empresas”. No obstante, estas últimas “no ejercen su actividad en el ámbito de la correspondencia, actividad principal de la actividad postal, sino en el sector de la paquetería y la mensajería”.
En definitiva, desde el sector empresarial se demanda “el desarrollo de una legislación que prime la competencia, la transparencia y la eficacia, y que permita un marco adecuado con igualdad de condiciones para todos los operadores intervinientes”.
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