La LOTT y el fin del modelo cooperativista. Artículo del diario "El Economista"

El diario económico El Economista se hacía eco este lunes del impacto negativo de la reforma de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), recién aprobada en el Congreso y ahora en el Senado, sobre las cooperativas de transporte, o mejor dicho, sobre determinada modalidad de cooperativas de transporte que, durante un largo tiempo, ha funcionado con éxito en el mercado dando lugar a estructuras asociativas de envergadura, con unas dimensiones considerables en cuanto a número de camiones y personas empleadas.

El artículo 22 de la Ley establece que la contratación de los servicios de transporte terrestre sólo podrán ser realizados por aquellas personas físicas o jurídicas que sean titulares de una licencia o autorización que les habilite para realizar transportes de esta clase, recoge El Economista, que hace alusión a algunos análisis desde diferentes ámbitos.

Se recoge la opinión de la Gestha, Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, que señala al diario económico que "parece que existe un fraude delictivo en estas cooperativas fantasma que aplican un régimen fiscal que no les corresponde, ya que los trabajadores sólo podrían cobrar en concepto de rendimiento de trabajo, nunca de actividad. Hacienda sigue sin pedir la tarjeta para el alta en la actividad de transporte".

Emilio Domínguez del Valle, abogado especializado en el sector transporte y secretario general técnico de Aneac (Asociación Nacional de Empresas de Auxilio en Carretera), señala a El Economista que, "el articulado de la ley sataniza el mercado cooperativo, primando el capital de las multinacionales y la entrada al sector de otro tipo de operadores distintos a los que están ahora, lo que, además, perjudica directamente a los transportistas autónomos".

Asimismo, recoge la valoración de José Luis Ayuso, Presidente de Fenacotrans (Federación Nacional de Cooperativas de Transporte), que señala que la "LOTT supone un ataque frontal contra las fórmulas de economía social del sector del transporte terrestre y traerá, como consecuencia, la desaparición de la mayor parte de las cooperativas que operan en el sector del transporte de carretera, afectando a los más de 20.000 puestos de trabajo que dependen de ellas. La ley introduce una sanción de hasta 6.000 euros para el socio de una cooperativa que facture a su sociedad".