El desfase entre plazos de pago y plazos de cobro genera un volumen de morosidad de 68.179 millones de euros.
Las principales empresas del país manejan un plazo medio de pago
que alcanza los 184 días, mientras que su plazo medio de cobro se sitúa
en los 80 días, según el análisis de la Plataforma Multisectorial contra
la Morosidad, que acaba de anunciar movilizaciones de protesta tras
acusar al Ministerio de Hacienda de incumplir su compromiso de aprobar
un régimen sancionador contra la morosidad en las relaciones
comerciales, según informa Fenadismer, representante del transporte (sector en el que el plazo medio de pago es todavía superior, 253 días) en esta plataforma.
El citado desfase entre plazos de pago y plazos de cobro que manejan las principales empresas españolas genera un volumen de morosidad de 68.179 millones de euros, importe que supone un ahorro en coste de financiación para dichas empresas de 2.020 millones de euros y unos intereses de demora de 1.965 millones de euros, lo que en total les supone 11.436 millones de euros, esto es, un 35% de sus beneficios, aseguran desde la citada plataforma.
Así las cosas, se recuerda cómo ya en mayo el ministro de Hacienda se comprometió a aprobar una ley sancionadora que combata los incumplimientos de los plazos máximos de pago previstos en la legislación vigente, algo que todavía no se ha llevado a cabo y que ha terminado por agotar la paciencia de la Plataforma contra la Morosidad, que anuncia ya la celebración de una cumbre en febrero como primer paso para afrontar un calendario de movilizaciones.
El citado desfase entre plazos de pago y plazos de cobro que manejan las principales empresas españolas genera un volumen de morosidad de 68.179 millones de euros, importe que supone un ahorro en coste de financiación para dichas empresas de 2.020 millones de euros y unos intereses de demora de 1.965 millones de euros, lo que en total les supone 11.436 millones de euros, esto es, un 35% de sus beneficios, aseguran desde la citada plataforma.
Así las cosas, se recuerda cómo ya en mayo el ministro de Hacienda se comprometió a aprobar una ley sancionadora que combata los incumplimientos de los plazos máximos de pago previstos en la legislación vigente, algo que todavía no se ha llevado a cabo y que ha terminado por agotar la paciencia de la Plataforma contra la Morosidad, que anuncia ya la celebración de una cumbre en febrero como primer paso para afrontar un calendario de movilizaciones.